Por Agustín Cabral | Estudiante de Comunicación Social, Redacción I.
Rosario, Santa Fe. En el pasillo estrecho que oficia de patio en la Escuela Nº 801 “Carmen F. de Bafico”, el sonido de las risas se mezcla con un desafío físico inesperado. En lugar de correr, un grupo de alumnos de nivel primario compite sentado y gateando.
La razón de esta insólita actividad es clara: lograr que una niña en silla de ruedas, que no puede usar sus piernas, no solo participe en la carrera de Educación Física, sino que la gane. Esta anécdota, narrada por la profesora Andrea Pierini, es el ejemplo más puro de la inclusión “a pulmón”; que se ejerce diariamente en la Nº 801.
La carrera adaptada, un simple pero profundo acto de innovación pedagógica, es un destello de vocación en una institución que se encuentra, literalmente, en la cuerda floja. La creatividad docente no es solo un atributo esperado, es a la vez
un síntoma de un problema estructural mucho más grande: el abandono de un Estado que le ha dado la espalda a su escuela pública.
La Nº 801 es una institución con 86 años de historia que funciona en una antigua casa de barrio en la calle Virasoro 1920, en Rosario. La directora, Érica Martínez, confirmó que el edificio sigue alquilándose y que la amenaza de desalojo, que escaló públicamente en 2020, sigue latente. La escuela, que alberga a aproximadamente 90 estudiantes, resiste a pesar de que las
promesas de un edificio propio, hechas desde los años setenta, nunca se cumplieron.
En este contexto de incertidumbre de infraestructura, la estructura se convierte en la primera barrera para la inclusión. La profesora Andrea Pierini, quien trabaja en la institución, desde 2018, definió la situación como una lucha
constante contra el diseño. “No tienen un espacio de patio para correr”, explicó la directora Martínez, detallando que la institución opera en una “casa para que se entienda, y tiene espacios muy limitados”.
Esta realidad precaria obligó a la escuela a depender de convenios externos para la Educación Física. Este panorama se confirma con las voces de otros profesionales de la región, como el profesor Diego Pérez, quien ilustra con crudeza cómo la infraestructura vulnera el derecho de los alumnos: relató el caso de una alumna en silla de ruedas que, desde primer año hasta quinto de secundaria en una de sus instituciones, “nunca pudo subir al primer piso ni conoció arriba”; debido a la falta de rampas. Mientras la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 obliga al Estado a garantizar la accesibilidad, la realidad estructural condena a algunos estudiantes a vivir la escuela de forma parcial.
El compromiso legal del Estado va más allá del cemento. La Ley 26.206 establece la obligación de garantizar la “capacitación y actualización integral”; y proveer “personal especializado suficiente”. Sin embargo, los profesionales se enfrentan a un déficit formativo y a una soledad preocupante.
La profesora Andrea Pierini confesó haberse sentido “muy verde”; al iniciar su carrera y tuvo que buscar formación por su propia cuenta, no por el Estado.
La profesora Gisel Britos, docente en otras instituciones, lamentó que la inclusión está “desmadrada” en las aulas. “Hacemos lo que podemos sinceramente”, afirmó, señalando que la falta de una normativa clara sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad que se deben aceptar en un grado convierte la tarea en un esfuerzo individual.
Este sentimiento de soledad se profundiza por la falta de apoyo institucional en ciertos niveles. El profesor Diego Pérez, si bien valora el apoyo institucional en el nivel primario con reuniones constantes, admite que en el secundario el acompañamiento es deficiente.
El desafío se agrava dramáticamente con el colapso del sistema de apoyos externos. La directora Martínez aportó el dato más revelador de la investigación: de los 90 estudiantes, “aproximadamente un 40% tiene alguna condición o alguna particularidad”. A pesar de esta alta cifra de diversidad, solo dos acompañantes terapéuticos están asignados al turno tarde en Educación Física.
Los docentes indicaron que el acceso a un acompañante depende, en gran medida, de la situación económica familiar. La profesora Britos advirtió que el profesional debe asistir hasta cinco alumnos por jornada, dejando a muchos estudiantes “a la deriva”. Juan Ignacio, un acompañante terapéutico en ejercicio, confirmó la alta demanda, señalando que “hay dos chicos en la
escuela que deberían estar acompañados y están solos”.
La causa de esta escasez es, para el profesional, la “precarización absoluta”. El acompañante terapéutico trabaja como monotributista y el factor más desestabilizador es la demora en los pagos por parte de las obras sociales. “Me pagaron el mes de julio y estamos en noviembre”, relató Juan Ignacio, detallando un atraso de cuatro meses. Esta situación es insostenible para quien depende de esos ingresos y fuerza a los Acompañantes a abandonar o a conseguir múltiples trabajos de respaldo. También ofreció una perspectiva crucial sobre la clase de Educación Física. Reconoció las barreras físicas, pero enfatizó la barrera pedagógica: “Muchos profesores de Educación Física no están capacitados para abordar este tipo de chicos”.
La directora Martínez confirmó la raíz del problema de la deserción de este personal de apoyo: el incumplimiento de las prestadoras. “La obra social no les paga lo suficiente, les paga muy poco”, reveló, y esa es la razón por la que los
acompañantes externos “abandonan a los chicos”. La barrera más difícil de gestionar, concluyó Martínez, es la “comunicación” y la falta de un acuerdo entre familia, institución y prestadoras que priorice la necesidad del estudiante sobre los intereses económicos.
En medio de este panorama de limitaciones, la vocación y la creatividad docente se imponen como la última línea de defensa. El profesor Diego Pérez, al relatar el desafío de un primer grado con diez alumnos, seis de ellos con autismo, señaló que los docentes deben hacer “maravillas”; para mantener la participación en “periodos cortos” de diez o quince minutos.
La profesora Andrea Pierini, con su carrera de la niña en silla de ruedas, demostró que la inclusión, cuando es bien aplicada, “enriquece” y enseña al grupo sin discapacidad más sobre cooperación y empatía que cualquier lección teórica.
La Escuela Nº 801 no necesita justificar su existencia; necesita que el gobierno cumpla con las leyes de la Nación: invertir en un edificio digno y garantizar los profesionales suficientes. La directora Martínez resumió su pedido al Ministerio en una palabra: “asesoramiento”, que implique también acompañar al docente, que es “un ser humano y que también tiene muchas limitaciones”.
Desde la vereda de Virasoro, el sonido de las risas infantiles es un recordatorio de que la educación pública sigue viva, sostenida por la resiliencia de sus profesionales. Pero la lucha solitaria por el derecho a aprender y a jugar es la señal más clara de que la deuda del Estado con la Nº 801 es, hoy, impostergable.