Zaffaroni: “la dictadura bajó la imputabilidad y tuvo que dar marcha atrás”
El juez de la Corte Eugenio Zaffaroni afirmó ayer que impulsar la baja de la edad de imputabilidad ya “lo hizo la dictadura militar en 1976, y tuvo que dar marcha atrás”. Además, pidió que en un año electoral no se trate este tema.
El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni afirmó ayer que impulsar la baja de la edad de imputabilidad ya “lo hizo la dictadura militar en 1976, y tuvo que dar marcha atrás”. Además, pidió que en un año electoral no se trate este tema y se deje el Código Penal “en paz”.
El prestigioso penalista se refirió a la discusión sobre la ley penal juvenil y consideró que “sería conveniente que los políticos discutan algunas cosas importantes, por ejemplo cómo se va a mejorar el problema de las jubilaciones, de la salud; el eterno problema entre los hospitales de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el tema de la cuenca del Riachuelo, cómo mejorar el sistema de educación… En fin, sería conveniente que discutan esas cuestiones y no ir tras cosas que les marca la agenda mediática”.
Sobre los menores, Zaffaroni dijo: “No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años. A partir de los 16 hay responsabilidad penal plena. La delincuencia es siempre joven, pero en la franja etárea de los 16 y los 18 años para arriba. Entre los 14 y 16 tenemos muy pocos casos de homicidio, de modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego del avestruz directamente”.
“Creo que este año sería conveniente no tratar ningún tema penal, Dejen el Código Penal y la ley juvenil en paz y lo discutimos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo se confunde con una obtención de votos y una agenda que la están marcando los medios de comunicación. Lo que le interesa a la gente son los temas que marqué antes”, afirmó el penalista.
Según Zaffaroni, “la pretensión de bajar la llamada imputabilidad es meter a los niños y a los adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley penal juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto.
El juez consideró la tendencia de colocar a los menores en el ojo de la tormenta de los delitos violentos se debe a “que no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad. Se elige a alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo ni problemas graves de crimen organizado, entonces se identifica a los adolescentes de los barrios precarios, pero eso sucede en toda América latina. Esta es una política que nos baja de Estados Unidos”.
Contra la tutela. Opuesto a la “ideología tutelar”, dijo que si bien “aparentemente es muy humanitaria, es muy peligrosa y muy autoritaria: a todos los que tutelaron les fue muy mal, los indios, las mujeres”. Luego propuso: “Lo que hay que tratar es que no dejar a los chicos de 16 años en manos de lo que un juez quiera hacerle. Si se le imputa un hecho, hay que probarlo con garantía de defensa, las mismas que pueda tener cada uno de nosotros y la consecuencia de lo que haya hecho tiene que guardar cierta proporcionalidad con la magnitud de lo que hizo, si no estamos criminalizando a un pibe que se robó una milanesa”.
Luego recordó que en la Corte estableció la jurisprudencia “de que imponerle al adolescente de entre 16 y 18 la misma pena que al adulto no es válida. En casos leves, no imponer pena, y en los de gravedad, la del adulto reducirla a la escala de la tentativa.
El alto magistrado sostuvo también que algunos medios de comunicación y la policía “estigmatizan” a los menores de edad.
“Lo que llega a los Tribunales es preseleccionado por la policía, nosotros no salimos a la calle a buscar delincuentes. Es la policía la que nos trae los candidatos condenados en auto oficial”, aseguró.
Zaffaroni afirmó que “la selección estigmatizante se hace a través de las agencias policiales que operan de esa manera, tampoco por una malignidad, sino porque ¿qué es lo más fácil de hacer: pescar a un estafador internacional o a agarrar a un pibe que va por la calle con uniforme de ladrón o por portación de cara?”.
“Si a eso se le suma una cuestión mediática, cuando la noticia roja salta a la primera plana del diario, cuando a lo largo del día se regodean los servicios de noticias con el homicidio del día y lo repiten 18 veces parece que hubo 18 homicidios y hubo uno”, consideró.
El ministro dijo que “se muestra la sangre, el cadáver, el hospital, los deudos, el entierro y lo reiteran y lo reiteran, por lo que uno tiene la vivencia de que está viviendo en un mundo donde salen a la calle y lo matan”.
“En Argentina, Uruguay y Chile tenemos índices de homicidios muy bajos, pero el discurso es el mismo”, asestó, y dijo que “esta fabricación del enemigo a través de la TV no va contra el delincuente”.
“Si en homicidios cometidos por menores tengo que aplicar cinco o diez años de cárcel, no voy a resolver nada, no voy a disminuir el riesgo de que cuando mañana esté abriendo la puerta de su casa lo asalten”, señaló.
Según Zaffaroni, “ellos lo saben y a lo que juegan es a otra cosa: es mostrar al pibe que mató a la viejita que salió del banco e inmediatamente después al pibe que está en la esquina tomando cerveza”.
“¿Qué quiere decir eso? Este todavía no lo hizo, pero son todos iguales; se fabrica un «ellos enemigo», y ése es el primer paso que después termina en el genocidio”, opinó el juez.
“Esto lo conocemos desde el Evangelio: tenían a Cristo. Si no hubiésemos tenido semejante chivo expiatorio, los dos ladrones quedaban, pero no teníamos la estampita. La creación de enemigos es puramente mediática”, completó el alto magistrado.
Noticia publicada en la edición del diario La Capital del 30 de enero de 2011.