1) Lee atentamente las dos noticias.
2) En base a la información brindada en el titular y en el cuerpo de la noticia, construí un lid para cada una de ellas.
El municipio apura el desguace y la compactación de unos 4 mil vehículos
Están en los dos corrralones y 3 mil son motos. Advierten que cada vez retiran menos rodados.
Las motos siguen encabezando rankings en Rosario. Desde hace tiempo lideran los índices de siniestralidad vial en la ciudad, como también el número de lesionados y muertos en accidentes y la cantidad de remisiones al corralón por distintas infracciones. Tanto que, en lo que va del año, Tránsito ya envió al corralón un 35 por ciento más de motos que en mismo período de 2011.
A esos indicadores, el municipio detectó uno adicional en el primer cuatrimestre de 2012: cada vez menos motos remitidas al corralón son retiradas por sus dueños. Entre enero y abril fueron derivadas al depósito 3.371, de las cuáles retiraron 1.819. El resto, 1.552 (el 46 por ciento), quedó depositado con chance de ser compactado.
“En la mayoría de los casos, a las motos no las retiran por problemas de documentación. Por esa faltante de papeles, seis de cada diez son remitidas al corralón en los operativos de control con la policía y pasan los meses y no son reclamadas”, precisó Luis Baita, subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana municipal, ubicando esta contravención dentro de la problemática no sólo de la movilidad urbana sino de la inseguridad, ya que muchos conductores no pueden acreditar la titularidad del rodado.
Por lo general, los vehículos que permanecen más de tres meses sin que sus dueños se presenten en Moreno y 27 de Febrero son derivados al corralón de la zona oeste (avenida Perón al 7900), como paso previo a la compactación.
El espacio contiguo a la Dirección de Tránsito municipal tiene una capacidad para cerca de 2 mil motos y lograría liberar el 80 por ciento sus instalaciones de concretarse el desguace que las autoridades pretenden realizar con aval judicial.
La Intendencia ya aprobó el pliego licitatorio para concretar el desguace, compactación y venta de vehículos en depósito. Su efectivización depende de la Justicia, a raíz de las causas iniciadas en 2010 por denuncias de faltantes de autopartes y rodados en los corralones .
Baita estimó que se compactarán 4 mil vehículos patentados hasta 2010, de los cuales 3 mil serán motos. Según la normativa vigente, transcurridos seis meses de estadía del rodado en el corralón es posible intimar al titular del vehículo y, si no se presenta, queda a disposición de la Municipalidad.
El funcionario destacó que “en su gran mayoría son motos las que no retiran del corralón”, mientras que en el caso de los autos “se da por dos circunstancias: mecánicamente no están en condiciones de circular o tienen el motor adulterado”.
Además, el municipio retiró en 2011 unos 300 autos abandonados en la vía pública, que están en condiciones de ser compactados.
Plantean a Turismo nacional la protección de las islas de Victoria
La intendenta de Rosario pidió la intervención de la cartera para crear un parque nacional
“El planteo quedó hecho y se abrió una posibilidad de empezar a trabajar con Parques Nacionales y con el Ministerio de Turismo de Entre Ríos. Hace unos días estuve con el titular de este área, Hugo Marsó, en un congreso celebrado en Bariloche, y quedamos en agendar esta semana una fecha para reunirnos para hablar del tema”, adelantó Bulos a LaCapital.
Rechazo. No es la primera vez que desde la orilla santafesina se realiza este tipo de planteos y el que ahora realiza Fein seguramente generará, como en otras oportunidades, el rechazo generalizado de los entrerrianos que ante este tipo de iniciativas sienten avasallada su soberanía.
La última y más sonante polémica de los últimos años fue la generada en 2008, cuando los senadores nacionales por Santa Fe Carlos Reutemann y Roxana Latorre presentaron en la Cámara alta y por segunda vez un proyecto de ley impulsando la creación de un parque nacional en la zona de islas entrerrianas.
El discutido proyecto “Alto Delta”, que propone crear un espacio protegido en el humedal que forma un triángulo delimitado por las ciudades de San Lorenzo, Arroyo Seco y Victoria, en Entre Ríos, representa para los funcionarios entrerrianos un fantasma acosador que aparece, se desvanece y vuelve a la carga cada tanto.
Sin embargo, sus “reflotes” no parecen casuales: se presentan tras “desastres ecológicos” en las islas frente a la costa rosarina, como las asfixiantes quemas intencionales de pastizales en 2004; aquella masiva mortandad de ganado que los productores no alcanzaron a rescatar de la inundación de 2007 y 2008 y los terraplenes que cortan o modifican cursos de agua que por estos días está denunciando el grupo “El Paraná no se toca”.
En cada intento, Entre Ríos no da el brazo a torcer y los que suenan más enojados son los funcionarios de turno, que han calificado al proyecto como “impertinente” y “avasallante”, entre los términos más leves. Es que el gobierno entrerriano no oculta sus intenciones manifiestas del uso productivo que pretende dar al humedal.
Productivas. Prueba de esta pretensión fue la polémica ley de arrendamientos implementada en 2006, por la cual se adjudicaron miles de hectáreas principalmente para la ganadería y la apicultura. La norma cayó en 2009, cuando el Ejecutivo decidió no renovar los contratos.
Otro indicio contundente fue la sanción en diciembre último de una ley de privatización de los lotes fiscales que Entre Ríos posee en las islas, y su explotación arrocera a través de la conformación y la gestión de una sociedad anónima a lo largo de casi un siglo. La norma fue objetada duramente desde distintos sectores y, finalmente, el gobernador Sergio Urribarri decidió dar marcha atrás con la iniciativa que afectaba principalmente a las Islas del Ibicuy, aunque por la amplitud de sus términos quedaban varios interrogantes sobre el área a sembrar y el destino de las tierras públicas, entre otras incógnitas