A partir de estos textos de noticias sin título, tienen que derivar la macroestructura aplicando las macrorreglas de proyección semántica y esa proposición tiene que estar contenida en un título que ustedes elaboren. Pueden intentar la redacción de más de un título para cada noticia.
Noticia 1
“Develar la verdadera identidad del general José de San Martín es muy importante en este 160º aniversario de la muerte de un prócer que protagonizó una revolución de carácter social dándole las armas al pueblo para liberarse”, afirmó ayer el historiador Hugo Chumbita, sostenedor de la versión –apoyada en la tradición yapeyuana”, dice– que afirma que el Libertador fue nacido de una aborigen conocida como Rosa Guarú y el brigadier español Diego de Alvear” y criado como propio por el matrimonio que constituían Juan de San Martín y Gregoria Matorras.
El historiador presentó “evidencia para una nueva acción ante la Justicia a fin de que se realice la prueba de ADN que pueda zanjar la verdadera identidad” del Libertador.
“Hay grabaciones hechas por un secretario del ex presidente Marcelo de Alvear en las que relata que su familia era conciente de este dato, y se sentía orgullosa”, agregó.
Chumbita informó que “están depositadas muestras de ADN de Rosa Guarú y de Alvear, y ahora falta extraer una muestra de los restos de San Martín, que es donde hemos tropezado con dificultades”, por lo que se presentará una nueva acción ante la Justicia que podría fundamentar la identidad del Libertador como un mestizo americano.
La búsqueda de la identidad filiatoria de José de San Martín toma en cuenta un registro de alcurnia de una antigua familia rioplatense en el que se consigna que José Francisco de San Martín era hijo del español Diego de Alvear y “una indígena correntina”.
El registro fue elaborado por María Joaquina de Alvear y Sáenz de Quintanilla, miembro de una de las familias más antiguas de la Argentina, interesada en dejarlo todo prolijamente anotado en un libro de comercio.
En el libro, Joaquina incluyó una “Cronología de mis antepasados” donde anotó que José Francisco de San Martín era hijo del brigadier español Diego de Alvear y de una aborigen correntina que sería Rosa Guarú, la joven guaraní que la historia oficial sólo ubica como niñera del Libertador.
El texto está fechado el 23 de enero de 1877, dos décadas después del fallecimiento del prócer.
El tema es analizado por Chumbita y el genealogista Diego Herrera Vegas en las publicaciones El secreto de Yapeyú y El manuscrito de Joaquina.
Diego de Alvear (1749-1830) llegó al Río de la Plata en 1774, participó en combates contra los portugueses y luego contra los ingleses. En 1778, el año en el que nace San Martín, dirigió una división que tuvo la misión de establecer el tratado de límites sobre los ríos Paraná y Uruguay.
En algún lugar de las misiones conoció a Rosa Guarú y concibieron al niño, que fue encomendado al gobernador de la reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, Juan de San Martín, y a su esposa Gregoria Matorras, quien por entonces tenía 40 años y cuatro hijos.
Según los Alvear, don Diego se mantuvo siempre en contacto con la familia San Martín, costeó los gastos para que José Francisco siguiera la carrera militar, mantuvo un trato afectuoso con él y su hijo Carlos María, que lo acompañó en la Campaña Libertadora, siempre supo que José era su medio hermano.
Noticia 2
Los controles de alcoholemia no sólo se harán por las calles de la ciudad, sino que también habrá operativos en el río. A partir de octubre se harán en forma preventiva y en diciembre comenzarán a regir las multas y castigos para los que conduzcan embarcaciones alcoholizados.
Es más, la Prefectura Naval Argentina comenzará a hacer controles de alcoholemia en toda la costa del país.
En Rosario, el prefecto Claudio Mazziotta explicó que ya se lanzó la campaña de difusión con cartelería en los clubes náuticos “para que los navegantes sepan que en octubre comenzaremos a hacer los controles”.
A partir del primer día de ese mes, los guardacostas que controlan la actividad en el río llevarán a bordo los alcoholímetros para realizar el test a los timoneles.
“Se controlarán tanto las embarcaciones deportivas como las comerciales”, aclaró el prefecto.
Para las embarcaciones deportivas el límite de tolerancia de alcoholemia será de 0,5 (500 miligramos por litro de sangre) y para los timoneles de artefactos acuáticos tipo moto o similar, de 0,2.
En cuanto a las embarcaciones comerciales, el nivel de tolerancia es 0. Es decir, que el conductor no podrá tener ninguna graduación alcohólica.
Multas. Los patrullajes de Prefectura, además de solicitar los papeles de la embarcación y los elementos de seguridad, ahora realizarán controles de alcohol en sangre. Si superan las máximas, se inhabilitará el carné náutico del conductor y se labrará un multa.
Mazziotta comentó que, según el grado de alcoholemia que tenga el timonel, “se esperará que baje el nivel en sangre o se intentará que lo reemplace otro conductor habilitado. Y si esto no es posible, habrá que remolcar la embarcación hasta la guardería”.
Este operativo forma parte de la tarea de control que realiza Prefectura en el río y que se refuerza durante el período que va entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo.
Además de controlar a los navegantes, también se harán revisaciones en las guarderías náuticas a quienes vayan a zarpar.
El jefe de Prefectura negó que fueran frecuentes los accidentes en el río por conductores alcoholizados; sin embargo, aprobó la medida nacional y aseguró que es una manera de prevenir cualquier tipo de accidente.
La realidad es que no son pocos los que salen de Rosario y cruzan a la isla para hacer un asado, donde nunca faltan las bebidas alcohólicas.
A partir de este verano, los conductores de las embarcaciones deberán cuidarse y abstenerse de bebidas alcohólicas no sólo para proteger a los tripulantes, sino también para evitar multas y la inhabilitación del carné náutico.
Esta medida fue tomada a nivel nacional y se aplicará en todas las vías navegables del país.
Noticia 3
Uno de los fundadores de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y titular de la ONG Fundavida, Edgardo Moreira, afirmó ayer que el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, “es un crimen ambiental, porque un río no puede ser represado por un particular para sembrar arroz”.
Así se refirió al Proyecto Ayuí Grande, una iniciativa del vicepresidente de Clarín, José Aranda, y del magnate de origen húngaro George Soros, quienes planean la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas para el riego de sus cultivos de arroz, que entre las explotaciones de ambos suman una superficie de 18.000 hectáreas.
El Ayuí desemboca en el río Miriñay, uno de los principales efluentes del río Uruguay, razón por la cual el arrastre de sedimentos podría generar para la Argentina un conflicto similar al que ocasionó –a la inversa– para el gobierno uruguayo la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.
Moreira explicó: “El Ayuí es un afluente del río Uruguay. Dos empresarios, Aranda y Soros, compraron 20 mil hectáreas y han hecho un lobby con el gobierno provincial para lograr un decreto que autoriza hacer una represa. Es un privado que compra un río para represarlo y eliminar el bosque nativo para sembrar el arroz que viene fumigado, es transgénico porque para crecer necesita agro tóxicos”, dijo ayer el ambientalista en radio América.
El asambleísta expresó que en esa zona de Corrientes “hay una biodiversidad de monte nativo con agua que tendría que ser declarada reserva ambiental”. “Es un crimen ambiental. Un río no puede ser represado por un particular”, concluyó.
En Uruguay ya están en guardia
En la nación oriental ya se comenzó a hablar de la construcción de la polémica represa que alientan Aranda y Soros. El periódico digital Uruguay al Día dedicó su portada de ayer a este tema: “Represa argentina podría contaminar el río Uruguay”.
El arquitecto Rubens Stagno, dirigente del Frente Amplio que integra la Delegación Uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) aseguró que si bien se trata de un emprendimiento en la Argentina, al tratarse de un efluente del río compartido por los dos países, y dado el eventual impacto ambiental sobre el curso de agua, debería analizarse detenidamente la situación. La presentación de Buenos Aires ante el Tribunal de La Haya en el conflicto de Botnia tuvo precisamente ese fundamento de falta de consulta.
En este sentido la Caru evaluó en uno de sus documentos internos que al proyecto “podrían resultarle de aplicación los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río de Uruguay”, que data del año 1975. Allí se especifica que “la parte que proyecte cualquier tipo de obra u aprovechamiento de las aguas del río que pueda llegar a tener entidad suficiente para afectar la calidad de las mismas deberá ser comunicado” a la comisión binacional.